Un millonario asalto a una empresa dedicada a la comercialización de productos ganaderos en Quilmes derivó en un escándalo institucional. Tras semanas de investigación, la Policía bonaerense detuvo a tres sospechosos de integrar una peligrosa banda de asaltantes, descubriendo que uno de los líderes era un sargento en actividad de la fuerza provincial.
El golpe más importante de la organización delictiva fue el robo de 50 millones de pesos en efectivo, concretado en un tiempo récord y con una logística profesional.
Un golpe comando de 75 segundos
El asalto que disparó las alertas máximas ocurrió cuando el grupo irrumpió en una firma ganadera de la zona. Según los registros fílmicos, los delincuentes actuaron con una precisión quirúrgica: en tan solo un minuto y 15 segundos, redujeron violentamente a los presentes y se apoderaron de dos cajas que contenían el millonario botín, destinado a operaciones comerciales.
El modus operandi de la banda siempre era el mismo:
Protección: Utilizaban guantes para no dejar huellas dactilares y cubrían sus rostros.
Violencia: Actuaban con agresividad extrema para anular cualquier resistencia de empleados o clientes.
Evasión: Cambiaban de vehículos constantemente para despistar el seguimiento de las cámaras de seguridad.
La detención: Un policía entre los asaltantes
La investigación, encabezada por la Fiscalía N° 7 de Quilmes, dio un giro decisivo cuando el Grupo Táctico Operativo (GTO) divisó un Nissan Versa blanco en Quilmes Oeste. El automóvil coincidía con las características del vehículo utilizado por la banda para realizar tareas de inteligencia y fugas.
Al interceptar el rodado, los efectivos detuvieron a sus tres ocupantes. La sorpresa fue mayúscula al identificar a uno de ellos: un sargento de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Florencio Varela. El efectivo tenía en su poder su arma reglamentaria al momento de ser capturado junto a sus cómplices.
Consecuencias legales y administrativas
Ante la participación de un miembro de la fuerza de seguridad provincial, la Policía Federal Argentina (PFA) se sumó a la supervisión del caso para garantizar la transparencia del proceso.
Por su parte, el Fiscal Barrera imputó a los tres detenidos por el delito de Robo Agravado. En la primera audiencia, los sospechosos hicieron uso de su derecho constitucional y se negaron a declarar.
En el plano administrativo, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires actuó de oficio de manera inmediata:
Desafectación: El sargento fue separado de sus funciones y retirado de la fuerza.
Sumario: La Auditoría General de Asuntos Internos abrió un expediente para determinar el grado de participación del policía en otros asaltos cometidos contra mayoristas en la región.
La investigación continúa abierta para intentar recuperar el dinero sustraído y determinar si existen más integrantes o "entregadores" vinculados a la banda.