El caso, que salió a la luz la semana pasada, pone en el centro del debate los criterios de "urgencia" y la valoración del testimonio de las víctimas en delitos de integridad sexual.
Una década de abusos tras la muerte del padre
El calvario de las víctimas comenzó a desentramarse cuando una joven de 18 años y su hermana de 15 se presentaron en la Comisaría de Solano. Según el desgarrador relato de la mayor de ellas, los abusos por parte de su hermano comenzaron hace casi 10 años en la vivienda que compartían.
La situación de vulnerabilidad de las jóvenes se habría agravado tras el fallecimiento de su padre, momento en que el denunciado quedó a cargo del hogar. La denuncia detalla que el sujeto se aprovechaba de su superioridad de edad y del control total que ejercía sobre ellas. Cabe destacar que la menor de las hermanas, de 15 años, padece problemas madurativos, lo que la sitúa en una posición de extrema indefensión.
El arresto y la sorpresiva liberación
Un dato inusual del caso es que, mientras las hermanas radicaban la denuncia, el propio acusado se presentó en la dependencia policial de Solano. Ante la gravedad de los hechos narrados, la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI 16 de Lomas de Zamora, dispuso la inmediata aprehensión del hombre.
Sin embargo, cuando el expediente llegó a manos del juez de Garantías Gustavo Gaig, el criterio cambió radicalmente:
La postura del Juez: El magistrado ordenó la libertad inmediata del sujeto.
El argumento: Según fuentes judiciales, el juez consideró que “no había urgencia para la detención” y sostuvo que, hasta esa instancia, la acusación se basaba únicamente en los “dichos de las víctimas”, sin otros elementos de prueba que justificaran la privación de la libertad.
Indignación y preocupación en el entorno
La decisión del juez Gaig ha generado una profunda preocupación, no solo por la integridad física y psicológica de las denunciantes, sino por el mensaje que envía a las víctimas de violencia sexual.
Actualmente, el acusado se encuentra en libertad mientras la fiscalía continúa con la recolección de pruebas, pericias psicológicas y testimonios para intentar revertir la situación procesal y garantizar la seguridad de las jóvenes en San Francisco Solano.