Según los informes emitidos en este mes de abril de 2026, el organismo provincial puso bajo la lupa la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Seguridad, señalando una gestión deficiente de los recursos críticos para la prevención del delito.
Falta de trazabilidad y pagos sin orden de compra
La auditoría reveló puntos críticos que comprometen la legalidad de los procedimientos administrativos internos. Entre los hallazgos más graves, se destaca la falta de trazabilidad en el gasto de combustible: el municipio no pudo acreditar un registro fidedigno que permita verificar si la nafta abonada fue efectivamente utilizada por los patrulleros y móviles municipales en sus recorridos de vigilancia.
Además, el organismo detectó la existencia de pagos millonarios realizados a proveedores sin la correspondiente orden de compra, una irregularidad administrativa que impide el control preventivo del gasto público.
Responsabilidad política y reclamo vecinal
Aunque el foco de las críticas vecinales se ha centrado históricamente en la Secretaría de Seguridad por la visible ausencia de patrullaje en los barrios, el fallo administrativo del Tribunal de Cuentas recae sobre la figura del intendente Julián Álvarez, como máxima autoridad responsable de la administración de los recursos del distrito.
La sanción llega en un momento de máxima tensión, con una oposición local que ha redoblado los pedidos de interpelación en el Concejo Deliberante. Los ediles opositores buscan que los funcionarios expliquen la desconexión entre la inversión declarada en papeles y la realidad de los móviles policiales, que —según las denuncias— no se ven en las calles.
Resumen de la Auditoría (Abril 2026)
| Irregularidad Detectada | Impacto en la Gestión |
| Pagos sin orden de compra | Falta de control legal sobre fondos millonarios |
| Ausencia de trazabilidad | Imposibilidad de verificar el uso real del combustible |
| Registro de uso deficiente | Dudas sobre el destino de los insumos de seguridad |
| Responsabilidad principal | Intendente Julián Álvarez |
Situación actual
La administración municipal deberá ahora realizar el descargo correspondiente y afrontar las multas impuestas por el organismo provincial. Mientras tanto, la comunidad de Lanús continúa exigiendo que los recursos destinados a la seguridad se reflejen en una mayor presencia policial en los centros comerciales y barrios periféricos, donde el reclamo por mayor vigilancia es una constante.