En un intento por frenar la escalada de amenazas que afecta el normal desarrollo del ciclo lectivo, la Justicia de Mar del Plata resolvió que los padres de estudiantes que realicen amenazas en escuelas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos policiales y los daños ocasionados.
La medida, de fuerte impacto económico y social, fue impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garello. La instrucción ya fue enviada a todos los fiscales del Departamento Judicial, abarcando las localidades de General Pueyrredón, Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita.
Ola de amenazas y "retos virales"
La decisión surge tras una preocupante seguidilla de incidentes registrados en la última semana. Según fuentes judiciales, hasta el momento se contabilizaron al menos 10 episodios de amenazas de tiroteos y bombas que obligaron a desplegar personal de explosivos, ambulancias y fuerzas de seguridad.
Los investigadores analizan si estos hechos, que se replican en distintos puntos del país, están vinculados a retos virales que circulan en redes sociales. En este marco, un adolescente de 17 años ya fue formalmente imputado por el delito de intimidación pública.
El sustento legal: Responsabilidad Civil
La resolución de la Fiscalía General no es arbitraria, sino que encuentra su respaldo jurídico en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dicho artículo establece taxativamente la responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos.
Bajo esta premisa, el Estado buscará resarcirse de los gastos derivados de:
Movilización de patrulleros y personal policial.
Intervención de brigadas de explosivos.
Despliegue de servicios de salud (SAME).
Daños materiales a las instituciones en caso de haberlos.
El objetivo: Conciencia y diálogo familiar
Desde la Fiscalía señalaron que el propósito de esta medida es generar conciencia en el núcleo familiar. "Buscamos promover el diálogo para evitar que estas situaciones sigan afectando el normal desarrollo de las clases y el clima de tranquilidad en la comunidad educativa", explicaron fuentes oficiales.
La preocupación no es solo local; la repetición de estos hechos en diversas provincias ha puesto en alerta a las autoridades nacionales de Educación y Seguridad, quienes ya evalúan la aplicación de protocolos similares para desalentar estas conductas que saturan los recursos públicos.
Puntos clave de la resolución
| Detalle | Información |
| Jurisdicción | Gral. Pueyrredón, Balcarce, Gral. Alvarado, Mar Chiquita |
| Impulsor | Fiscal General Fabián Fernández Garello |
| Sustento Legal | Art. 1754 Código Civil y Comercial |
| Cargos Penales | Intimidación Pública (para los menores) |
| Cargos Civiles | Costeo de operativos (para los padres) |
La medida marca un precedente importante en la provincia de Buenos Aires, trasladando el impacto del accionar de los menores directamente al patrimonio familiar como método disuasivo.