Los procedimientos, ordenados por la UFIJ N° 8 de Berazategui, se llevaron a cabo de manera simultánea en las unidades penitenciarias de Sierra Chica y Merlo, donde se encuentran alojados los dos principales sospechosos.
El modus operandi: Perfiles falsos y falsas promesas
La investigación penal preparatoria reveló una mecánica delictiva meticulosamente planificada. Los internos utilizaban teléfonos celulares para gestionar perfiles falsos en la red social Instagram.
A través de estas cuentas, se hacían pasar por reclutadores de agencias de moda o buscadores de talentos. Bajo la excusa de ofrecer trabajos de modelaje, contactaban a menores de edad y entablaban una relación de confianza para obtener material fotográfico o fílmico de carácter íntimo.
De la seducción a la extorsión armada
Una vez que los delincuentes lograban obtener el primer material sensible, la estrategia cambiaba drásticamente:
Amenazas: Los reos comenzaban a extorsionar a las víctimas, amenazando con difundir el material entre sus familiares y amigos si no cumplían con sus demandas.
Exigencias: Bajo coacción, obligaban a los menores a realizar acciones específicas durante videollamadas en vivo o a enviar material cada vez más explícito.
Alcance: La causa también investiga posibles casos de abuso sexual infantil derivados de la manipulación psicológica ejercida por los captadores.
Resultados de los operativos en Sierra Chica y Merlo
Los allanamientos en las celdas de los imputados arrojaron resultados positivos para la instrucción de la causa. El personal policial y penitenciario logró incautar:
Dispositivos móviles: Teléfonos celulares con los que se habrían gestionado los perfiles de Instagram y las comunicaciones con las víctimas.
Soportes digitales: Tarjetas de memoria y otros elementos de almacenamiento que serán peritados por especialistas en delitos informáticos.
El rol de la Justicia en Berazategui
La UFIJ N° 8 de Berazategui, a cargo de la investigación, busca ahora determinar si existen más víctimas y si los internos contaban con apoyo externo para el manejo de cuentas o el posible cobro de dinero derivado de las extorsiones.
Este caso reaviva el debate sobre la eficacia de los controles en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) respecto al acceso a dispositivos de comunicación por parte de internos con antecedentes de delitos de integridad sexual.