La Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires tomaron una medida drástica ante un caso de extrema gravedad institucional. Las autoridades pasaron a disponibilidad preventiva a diez agentes penitenciarios, incluyendo a la cúpula jerárquica de la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, imputados penalmente por cometer torturas sistemáticas, vejaciones y abusos sexuales contra cinco mujeres privadas de la libertad.
La resolución administrativa coincide con un importante vuelco en el expediente judicial, donde la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata aceptó formalmente a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) bajo el rol de Particular Damnificado Institucional (PDI).
Violencia armada y tormentos en pleno "Ni Una Menos"
De acuerdo con las denuncias recabadas por la CPM en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la secuencia de terror se inició el pasado 3 de junio —fecha en la que en todo el país se realizaban las manifestaciones masivas del movimiento "Ni Una Menos"—. A raíz de una disputa menor entre dos internas en la planta alta del penal, los efectivos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal de la jefatura irrumpieron arrojando gas pimienta de forma indiscriminada.
Tras el encierro preventivo, los funcionarios exigieron a las reclusas que se desnudaran por completo en presencia de personal masculino del GIE. Ante la negativa de las internas por la vulneración de sus derechos, se desató una represión física violenta: las mujeres fueron esposadas, sacadas a golpes de las celdas y distribuidas en diferentes sectores de la Unidad 51 para iniciar sesiones de tormento.
Perfil de los Funcionarios Desafectados y Cargos en la Causa
| Oficiales y Jerárquicos Sancionados | Cargo Específico dentro de la Unidad 51 | Situación Administrativa Actual |
| Inspector Mayor Carlos Miguel Tocci | Subdirector del Área de Seguridad (A cargo del Penal) | Pasado a disponibilidad de forma inmediata |
| Inspector Mayor Juan Manuel Villena | Subdirector de Régimen Penitenciario | Pasado a disponibilidad de forma inmediata |
| Alcaide Mayor Daiana Balmaceda | Jefa de Vigilancia y Tratamiento (Señalada como ejecutora) | Pasada a disponibilidad de forma inmediata |
| Alcaide Daiana Villafañe | Coordinadora del Régimen Abierto del Penal | Pasada a disponibilidad de forma inmediata |
| María Belén Toledo | Subjefa de Vigilancia de la Unidad | Pasada a disponibilidad de forma inmediata |
| Raquel Noemí Boccardo | Enfermera del turno médico del penal | Investigada por omisión y encubrimiento |
| Agentes del Grupo GIE | Personal operativo táctico de emergencias | Desafectados del Servicio Penitenciario |
"Besame las botas" y la denuncia de abusos sexuales
Los testimonios de las víctimas ante los instructores judiciales describieron un escenario de crueldad extrema. La Alcaide Mayor Daiana Balmaceda fue señalada como la persona que dirigía las agresiones verbales y físicas, llegando a exigirle a una de las detenidas la frase: “Besame las botas”.
Durante las horas de aislamiento forzado, las víctimas —quienes se encontraban semidesnudas y con esposas colocadas por la espalda— fueron sometidas a la práctica de "submarino húmedo" (inmersión reiterada de la cabeza en piletas con agua), maniobras de asfixia inducida presionando sus rostros contra colchones rociados previamente con gas pimienta, y golpes de puño. En ese marco de total indefensión, dos de las mujeres sufrieron abusos sexuales con acceso carnal por parte de los uniformados.
A la mañana siguiente, tres de las mujeres fueron trasladadas a otros complejos carcelarios con sus pertenencias personales destruidas. La interna que permaneció en la Unidad 51, desprovista de contención psicológica, intentó quitarse la vida debido al impacto subjetivo del ataque.
Complicidad del sector médico: El Ministerio de Justicia extendió las sanciones a la enfermera reglamentaria Raquel Noemí Boccardo. Según los testimonios, Boccardo presenció parte de las torturas pero firmó un informe médico oficial donde constató falsamente la inexistencia de lesiones en las pacientes. Las heridas recién pudieron ser asentadas un día después por una profesional médica externa.
El fallo de la Cámara de La Plata contra el encubrimiento
En el plano judicial, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, con los votos unánimes de los magistrados Fernando Mateos y Juan Benavides, revocó un fallo de primera instancia del juez de garantías Juan Pablo Masi, quien inicialmente había catalogado como "prematura" la intervención de la CPM.
El juez Benavides remarcó en su fundamentación jurídica que las pruebas configuran un "esquema sistemático y deliberado de vejaciones, tortura y abuso sexual utilizado como mecanismo de castigo, humillación y sometimiento", descartando que se tratara de un simple exceso de fuerza policial. La resolución habilita a la Comisión de la Memoria a proponer medidas de prueba tempranas para evitar la alteración de evidencias y desarmar las matrices de encubrimiento corporativo dentro del Servicio Penitenciario.
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) continúa acumulando peritajes psicológicos y médicos, previéndose el llamado a declaración indagatoria de los diez imputados bajo cargos penales severos que contemplan penas de prisión efectiva de cumplimiento efectivo.